Hoy, martes, se inició el juicio oral y público en contra del exintendente lambareño Roberto Cárdenas, por la causa de la supuesta lesión de confianza, según informó la Corte Suprema de Justicia. En este caso, el perjuicio patrimonial estimado que tuvo la Municipalidad de Lambaré fue de G. 7.700 millones, de acuerdo con informaciones de un medio local.
Durante la tarde de hoy, martes, empezó el juicio oral y público contra el exintendente lambareño Roberto Cárdenas en el Palacio de Justicia de Luque, donde se encuentran a cargo los jueces Penales de Sentencia Alicia Orrego, Blas Imas y Lilian Flores, según comunicó la Corte.
El mencionado caso está caratulado como Roberto Cárdenas Ramírez y otros sobre lesión de confianza, cuyo número de causa es el 845/2016. La misma, tiene relación con la presunta trasferencia de fondos de royaltíes a la cuenta de la Municipalidad, lo cual constituye un delito porque dichos fondos no pueden ser dispuestos en otras cuentas ni utilizarse para otros fines que no sean los establecidos por la legislación, según manifestó la agente fiscal a cargo, Teresita Torres a la radio local PDS.
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Así también, aclaró la fiscala a la mencionada fuente, que los fondos que aparentemente fueron transferidos de manera indebida debieron utilizarse para llevar a cabo obras de infraestructura en la ciudad, como el arreglo de las calles, la realización del desagüe cloacal, entre otros.
Así también, el daño patrimonial a lo largo de los dos periodos de gobierno del colorado Cárdenas fue de G. 89.000 millones, unos de US$ 14 millones al cambio actual y de G. 59.000 millones durante la intendencia del liberal Gómez, lo que constituye más de US$ 9 millones, de acuerdo con el informe final de la intervención de la Municipalidad de Lambaré.
Igualmente, Cárdenas tiene otras causas pendientes con la justicia como la supuesta lesión de confianza por la caída del techo de varias aulas del Colegio Nacional de Lambaré, por la aparente falta de transferencia a la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal y la presunta usurpación de funciones y supuesta lesión de confianza en caso relacionado al almuerzo escolar por la utilización del dinero del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), según el comentado medio local.