La investigación del perito informático de las boletas anuladas durante el gobierno del exintendente Armando Gómez (PLRA) debió entregarse la semana pasada. Sin embargo, el encargado de dicho trabajo solicitó por cuarta vez el aplazamiento de la entrega de la pericia. Además, se prevé que la Fiscalía acepte el pedido y se pase para el 2022 la presentación de las conclusiones del estudio.

El asesor jurídico de la Junta Municipal, el abogado Arístides Duré explicó a Lambaré Mbarete que el pasado viernes 26 de noviembre se debió entregar al Ministerio Público la pericia informática del caso de los comprobantes de pago anulados durante el gobierno de Armando Gómez.

Sin embargo, la entrega de la pericia no fue realizada debido a que el encargado de la investigación Mario Duarte, solicitó por cuarta vez el aplazamiento de la presentación de las conclusiones del estudio. Además, en esta oportunidad pidió que el plazo para la entrega se extienda hasta el 22 de febrero de 2022.

Según Duré, el perito había alegado que el análisis de los datos no había sido concluido debido a que “son pocos peritos, viajan por todos lados, no tienen  tiempo y son el único departamento que hace pericias informáticas”.

Así también,  el asesor jurídico explicó que a pesar de que la Fiscalía aún no aprobó el pedido de prórroga del perito, el asistente del fiscal Francisco Cabrera, encargado de la causa, le comentó que lo más probable es que la próxima semana se apruebe la solicitud de Duarte pues, hasta que no haya una imputación, los investigadores pueden pedir aplazamientos infinitamente. Además, agregó que no hubo muchos avances en  el caso en el último tiempo debido que la sede del Ministerio Público de Lambaré está de huelga hace casi un mes.

El abogado señaló que para la asesoría jurídica de la Junta Municipal hay indicios suficientes para continuar el caso. Pero, el fiscal Cabrera le había referido a Duré que no quiere hacer la imputación contra Gómez y otras personas sospechosas sin la culminación y revisión de las conclusiones de la pericia informática, ya que él considera que necesita mayores pruebas para sostener la causa y buscar llevarla a juicio oral y público.

De la misma manera, el fiscal habría comentado al asesor jurídico que decidió llevar a cabo  de esta manera el procedimiento para tener pruebas más contundentes para “evitar chicanearías” posteriormente. Aunque, Duré aclaró que sin una imputación los peritos no tienen un plazo determinado para entregar la conclusión de la investigación y ya que no están “obligados” a presentar la documentación en un tiempo establecido  y por eso pueden pedir eternamente prórrogas.

¿En qué consistía la investigación pericial?

La pericia que debió entregar Duarte se basa en la investigación de los datos del software informático de la Municipalidad de Lambaré, el cual había sido adquirido durante el gobierno de Gómez.

Dicho sistema tecnológico debería contener los datos acerca de las boletas que fueron anuladas, los horarios de dichas operaciones, quienes fueron las personas o empresas afectadas, entre otros.

La mencionada información aún no fue totalmente esclarecida ya que más de 9.000 facturas habrían sido anuladas en la Comuna y con la pericia se deberían dar a conocer datos más precisos.

Supuesto modus operandi de anulación

Por su parte, Duré declaró para anular una boleta se debe tener la boleta original, el duplicado y el triplicado. Además, eso se debe respaldar en el software informático y se tiene que pasar los documentos a la tesorería y luego a otros departamentos.

Sin embargo, de acuerdo con los datos de la intervención a la Municipalidad, muchos de los comprobantes que constaban como anulados durante el gobierno de Gómez no tenían la copia original solo el duplicado y triplicado. Además, añadió que en el sistema informático debe aparecer que las operaciones fueron ejecutadas fuera del horario laboral de la Comuna o las que fueron llevadas a cabo fuera de la sede municipal ya que anteriormente el sistema permitía ese procedimiento.

Así también, declaró Duré que «en el sistema (de la Municipalidad) te figura la parte tributaria pero no contable». Por eso, cuando iban algunos contribuyentes a abonar sus cuentas en el año 2020, en la caja figuraba que se pagó el 2019, pero ese dinero no formaba parte de la contabilidad o aparecía como boleta anulada.

Igualmente, otra forma de operación fue el intercambio del monto y descripción de la factura. Es decir, que hubo casos en donde ciudadanos pagaban por ejemplo su patente comercial por G. 35 millones y eran intercambiadas por pago de habilitación o registro de conducir a nombre del mismo contribuyente.

Ante esto la Municipalidad decidió reconocer todos los pagos de las personas afectadas que se acercaron con su factura legal para demostrar el pago y con eso realizaban sus denuncias las cuales fueron enviadas a la Unidad de Delitos Económicos.

Igualmente, según consta en el informe final de la intervención, se pudo comprobar la existencia de una doble contabilidad en la Municipalidad, con la cual, presumiblemente se pudo haber desviado el dinero municipal.

Habrían buscado eliminar pruebas

El caso de los comprobantes anulados empezó antes de la intervención, por la denuncia de la Junta Municipal ante la Fiscalía de Lambaré debido la no transferencia del monto del impuesto inmobiliario que, por el artículo 169 de la Constitución Nacional, una parte del monto corresponde a otras entidades como la Gobernación Central y el Ministerio de Hacienda. Así fue que el caso, como se trataba de impuesto inmobiliario, pasó a la Unidad de Delitos Económicos a cargo de la fiscala Gladys González quien allanó la sede municipal.

En el mencionado allanamiento se verificaron y lacraron los documentos del departamento de Archivo (donde se encuentran las facturas) y se llevaron la CPU de la caja 4, porque se tenía la sospecha de que allí eran anuladas las facturas. Posteriormente, la fiscala González fue recusada por lo que la causa pasó a la fiscala Laura Ávalos quien realizó un segundo allanamiento.

Durante este procedimiento, en el que se buscaba incautar más evidencias del caso, se pudo allanar la tesorería y recabar datos de la misma, donde se encontraban muchos comprobantes al igual que en el departamento de Informática.

Así también la fiscala recibió una denuncia de que aparentemente trabajadores de la institución apagaron las cámaras de seguridad de la Municipalidad para poder sacar y eliminar documentos antes de un posible allanamiento. Según una publicación de Abc Color, las cámaras de circuito cerrado fueron apagadas el sábado 2 de noviembre de 2019 a las 7:00 y fueron encendidas el lunes 4 de noviembre (día del allanamiento) cinco minutos antes de la llegada de los intervinientes.

Por ello, la agente fiscal solicitó la detención de Iván Villalba, Director Informático quien presuntamente habría apagado las cámaras, de acuerdo a la publicación del medio nacional.

Posterior a este procedimiento se produjo la intervención de la Municipalidad, por lo que los intervinientes pidieron a la Unidad Penal N° 7, la que había allanado anteriormente el lugar, que deslacre los archivos, para que el equipo interventor pueda acceder a los mismos para la investigación, según declaró Duré.

Afirmó también que con la ayuda de los peritos informáticos y ante la sospecha mencionada de la eliminación de pruebas, se pudo recuperar la información de las computadoras y de allí salió la primera lista de facturas de diversos tributos que fueron anuladas presumiblemente de forma irregular, sobre esto, la fiscalía labró acta en acompañamiento de la Junta, administrativos parte de la gestión de Armando Gómez.

Tras dichos descubrimientos y la denuncia por parte de la Junta Municipal, se abrió la causa N°4.106/19 que también involucra al ex mandatario lambareño por haber sucedido este supuesto desfalco durante su periodo de gobierno. La causa radica en la Unidad N° 7 de Delitos Económicos y Anticorrupción a cargo del agente fiscal Francisco Cabrera.

También el asesor jurídico manifestó que dos informáticos ya declararon ante las autoridades todas las cosas que ellos vieron y también ya se presentaron los contribuyentes afectados.

Perjuicio a la Municipalidad de Lambaré

Con los más de 9.000 comprobantes de pago anulados, la Municipalidad de Lambaré habría tenido un perjuicio patrimonial de más de G.12. 000 millones, de acuerdo con Duré.

Buscarán otra reunión con  Sandra Quiñónez

Debido a que los peritos dependen directamente de la Fiscalía General del Estado, el asesor jurídico solicitaría a los concejales en la próxima sesión de la Junta Municipal tener una nueva reunión con la titular de la institución nacional mencionada, Sandra Quiñónez.

Con  el encuentro con la fiscala General del Estado se buscaría crear presión para que se acelere el proceso de la pericia y pueda finalmente ser entregada.

Respecto a otras posibilidades de continuación del caso explicó Duré que se podría solicitar la recusación del fiscal,  pero manifestó que él no cree conveniente dicho procedimiento porque el nuevo fiscal debería estudiar todo el caso para conocerlo a fondo y el actual ya tiene “avanzada» la causa.