La abogada y periodista Liliana Lezcano difundió en Twitter un audio en el que presuntamente se escucha a un operador político de la ANR, Sandro Arbo, negociar con un interlocutor masculino la compra de votos por G. 100.000 para los candidatos colorados Carol González (Junta Municipal) y «Guido» González (Intendencia). A fin de cobrar el dinero, los electores debían entregar una fotografía de que sufragaron por dichos aspirantes.
Liliana Lezcano, abogada y periodista, difundió en Twitter un audio en el que supuestamente se escucha al operador político de la ANR, Sandro Arbo, negociar con un interlocutor masculino la compra de votos por G.100.000 para los candidatos colorados Carol González (Junta Municipal) y «Guido» González (Intendencia).
En la grabación presuntamente Arbo menciona que pondrían a disposición «3 o cuatro vehículos» para quienes votarían por los mencionados candidatos colorados mañana, domingo 10 de octubre, durante el desarrollo de las elecciones municipales. Además del servicio transporte, también otorgarían un «plus» importante a la persona (dicho interlocutor masculino) por realizar el trabajo de «conseguir» electores para los aspirantes de la ANR.
No obstante, para efectizar el pago por los votos, se indica en la grabación que los votantes deben entregar una foto que muestre que, verdaderamente, sufragaron por los candidatos del Partido Colorado.
Según el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), la compra de votos está enmarcada dentro de los hechos punibles relacionados con las jornadas electorales. De hecho, en el artículo 280 del Código Penal del Paraguay se menciona que «el que ofreciera, prometiera u otorgara una dádiva u otra ventaja a otro para que no votara o lo hiciera en un sentido determinado, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa.La misma pena se aplicará al que exigiera, se hiciera prometer o aceptara una dádiva u otra ventaja por no votar o por hacerlo en un sentido determinado».
De acuerdo con el TSJE, el Ministerio Público es el encargado de accionar penalmente contra los responsables de este tipo de hechos a través de la figura del fiscal electoral.