La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Lambaré reclaman a la Comuna lambareña la suspensión de la aplicación de una ordenanza de control antiincendios hasta que la misma sea derogada o modificada. Esto se debe a que empresas como Mipymes deben pagar montos superiores G. 3.500.000 por inspecciones.
Debido a la Ordenanza 97/2001 todas las empresas de Lambaré ya sean comercios, escuelas, universidades, oficinas, entre otros, actualmente están obligadas a pagar una tasa «millonaria» por una inspección de prevención contra incendios (PCI) de forma anual, según informó la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Lambaré a Lambaré Mbarete.
A modo de ejemplo, el citado tributo tiene un precio mínimo para una Mipyme industrial de G. 3.522.000, antes del aumento del salario mínimo, aunque los montos varían de acuerdo a la superficie del espacio. Además, en caso de contar con alguna infracción se debe sumar al citado monto la multa que asciende a G. 1.761.020 por cada punto en falta.
Para la Cámara de Comercio de Lambaré, las mencionadas cifras son muy elevadas para el trabajo llevado a cabo por los inspectores. De hecho, los comerciantes informaron a Lambaré Mbarete que la inspección consiste en «una sola visita de entre media y una hora efectuada por un funcionario municipal acompañado de un bombero».
Además, en el inciso c del artículo 15 denominado Potestades de la Ley Nº 3.966 Orgánica Municipal se explica que «los montos de las tasas creadas por ley, no pueden superar los costos de los servicios efectivamente prestados».
De la misma manera, los empresarios refieren que tras una investigación se percataron que otras ciudades no cobran tasas por este tipo de inspecciones de prevención contra incendios. De hecho, en Asunción no se tiene una tasa, sino un impuesto de PCI que tiene relación con la superficie del inmueble pero el monto a pagar es cuatro veces menor.
Así también, señalaron que la imposición de otra tasa y, más aún con el precio de la misma, desestimula la inversión del sector privado y perjudica la posibilidad de la creación de nuevos empleos en Lambaré.
De acuerdo con los comerciantes, el monto abonado por las inspecciones tampoco contribuirían a los ingresos generales del municipio, ya que las recaudaciones de las tasas únicamente deberían ser destinadas al pago por el servicio prestado con las mismas.
Sobre el punto, según el sitio web Economipedia informa que «la tasa es un tributo que debe pagar un consumidor o usuario por el uso privado de un bien o servicio de dominio público. Además, «la principal diferencia entre tasa e impuesto es la contraprestación directa que recibe el usuario al realizar el pago de dicha tasa«.
Igualmente, los empresarios señalan que en la Ordenanza solo se tiene en cuenta la superficie construida sin observar el tamaño de la compañía. Para la prevención de incendios dicho factor es relevante, pero se debería considerar que para las grandes empresas y para las Mipymes la realidad económica es distinta, ya que para las pequeñas firmas el aumento de las tasas puede afectar su producción y supervivencia. Por ello, para los comerciantes, la Ordenanza podría incluso llegar a agrandar la brecha de los comercios informales en la ciudad.
Los miembros de la Cámara de Comercio también manifiestan que sienten que las industrias lambareñas son castigadas por la Ordenanza 97/01, porque se impone como un monto básico una cifra parecida a la que pagan las empresas que almacenan gases y materiales explosivos.
Asimismo, los empresarios consideran inoportuno el momento de la imposición de una nueva tasa, ya que la economía está debilitada y más con la inflación post pandemia, por lo que las medidas de la actual Ordenanza podría empeorar la situación para las empresas de la ciudad y agrandar la evasión fiscal.
Por estos motivos, los comerciantes lambareños explicaron los citados puntos en una nota que enviaron a la Junta Municipal de Lambaré con el fin de pedir la derogación o modificación de la Ordenanza 97/01 y establecer una mesa de trabajo entre las autoridades de la Municipalidad de Lambaré y el gremio empresarial para llegar a un acuerdo. Sin embargo, los empresarios refieren que hasta el momento no recibieron ninguna respuesta concreta por parte de las autoridades municipales.
Del mismo modo, los empresarios lambareños consideran que se debe suspender la aplicación de la Ordenanza citada hasta que se concluya el proceso de anulación o cambio de la misma.