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Claves para entender la intervención a la Municipalidad de Lambaré

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Caja paralela de recaudación, apropiación indebida del dinero ajeno, daños patrimoniales, contratación de personal no calificado para los cargos y la existencia de planilleros son solo algunos de los hechos que fueron constatados mediante la intervención a la Municipalidad de Lambaré que abarcó el gobierno de Armando Gómez y otros periodos anteriores. Para recordar este suceso, que sigue teniendo consecuencias para los pobladores de la ciudad de la burrerita pues se abrieron causas fiscales por presuntos hechos punibles, hoy les contaremos lo sucedido antes, durante y después de la intervención a la Municipalidad de Lambaré.

Intervención: La Municipalidad de Lambaré fue intervenida por tres meses entre diciembre de 2019 y febrero de 2020. (Archivo Lambaré Mbarete)

Era el año 2019, el intendente, en ese entonces Armando Gómez, solicitó a la Junta Municipal permiso para hacer un préstamo de G. 8.000 millones, después de haber accedido a otros créditos. Dicha situación preocupó a algunos concejales, ya que cada día aumentaba más la deuda de los lambareños. Por ello, la concejala María Gloria Valenzuela del partido Patria Querida, empezó a redactar el escrito para el pedido de intervención a la Municipalidad de Lambaré, según datos de la Junta Municipal.

Pedido de intervención: Página 1 de la nota del pedido de intervención realizado por los concejales lambareños.

2 de octubre de 2019.  Tras charlas, reuniones y recolección de datos, finalmente, cuatro concejales lambareños -María Gloria Valenzuela (PQ), Blas Delgado (ANR), Nelson Medina (PLRA)y Daniel Molinas(PLRA)- firmaron y entregaron la nota en la cual hicieron formalmente el pedido de intervención de la Municipalidad de Lambaré al presidente de la Junta Municipal, en aquel entonces, Fernando Báez Silvero (ANR),  según se lee en la copia del documento oficial de petición de intervención al Ejecutivo municipal a la que tuvimos acceso.

En dicho documento, con relación al pedido de intervención a la Municipalidad lambareña, se establecieron siete causas que dieron lugar a la petición ya que los concejales firmantes consideraron que eran motivos graves y válidos para ejecutar el urgente pedido de intervención. Estos argumentos, de acuerdo a lo que detalla la nota, fueron: 

  1. La deuda a la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
  2. Caos administrativo por falta de transferencias.
  3. Cesación de pagos salariales a funcionarios municipales.
  4. Presunción de que pagos hechos por contribuyentes a la Municipalidad no eran contabilizados.
  5. Motivaciones legales.
  6. Supuesta sobrefacturación del almuerzo escolar con dinero proveído por el Fonacide, año 2018.
  7. Contratación irregular con fondos de Royaltíes.

Los siete argumentos de los concejales

  1. La deuda a la Caja de Jubilaciones y Pensiones: Según consta en el documento citado, la Municipalidad de Lambaré dejó de abonar a la Caja de Jubilaciones el aporte obrero- patronal (10% paga el trabajador y 10% la Comuna) y  el monto descontado a los funcionarios que tenían préstamos con la Caja. En consecuencia, por un lado se generó una deuda en concepto de honorarios profesionales de abogados de la Caja por reclamos de pago vía judicial y por otro, por el retraso en el pago de los aportes por las pensiones. Es que el monto del recargo es del 2% mensual o por fracción de mes y si sigue la mora, el caso puede ser judicializado según la Ley 122/93 que modifica el régimen de jubilaciones del personal municipal.

De acuerdo a la Ley 740/78, que crea la Caja de Jubilaciones, en su artículo 61,las municipalidades funcionan como una especie agentes de retención en el caso de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, por lo que descuentan del salario de sus funcionarios tanto el monto que corresponde a los trabajadores pagar en concepto de aporte jubilatorio como el pago de los préstamos que ellos tienen con la Caja. Ambos descuentos la Comuna debe trasferir al acreedor que en este caso es la Caja (y esto es precisamente lo que no se hizo).

Según el documento de pedido de intervención, el monto total de la deuda de la Municipalidad de Lambaré a la Caja, al 4 de septiembre de 2019-fecha en que la Junta Municipal recibió el informe del cálculo del pasivo lambareño solicitado a la Caja-  ascendía a unos G. 16.780 millones (US$ 2,3 millones aproximadamente al cambio actual).

De este número, G. 6.651millones  corresponden a las deudas generadas en concepto de aporte obrero y préstamos de funcionarios, G.4.987 millones por  intereses y penalidades, G. 1.056 millones en concepto de honorarios de profesionales por reclamos de pagos y G. 4.085 millones es el monto de la deuda que tenía la municipalidad con la Caja antes de la administración de Armando Gómez (ver cuadro).

Dichos números demuestran que durante la administración de Armando Gómez se habría aumentado la deuda en G. 12.695 millones. En consecuencia, se cuadruplicó la deuda total, según el documento del pedido de intervención.

Además, la falta de pago a la Caja de Jubilaciones no solo es perjudicial por el aumento de la deuda tanto para el municipio como para los funcionarios que tienen préstamos con la Caja, sino que infringe leyes vigentes.

Una de las leyes infringidas es la Ley 1535/ 99 en el artículo 83 de las infracciones, de acuerdo al informe final de la intervención de la Municipalidad de Lambaré. Esto tiene relación con que la Comuna no transfería a la Caja el dinero del aporte patronal por la jubilación, tampoco lo que descontó a sus funcionarios en concepto de pago de aportes jubilatorios- la parte que corresponde a los empleados- y  las cuotas de los préstamos, por lo tanto se generó deudas por intereses y penalidades que tampoco se pagaron. Y ante esta situación, el Ejecutivo municipal buscó arreglar ese problema, presumiblemente, tratando de establecer como municipal las deudas de los trabajadores y por ende, con esto se obligaba a la Comuna lambareña a utilizar el dinero de sus contribuyentes para pagar una deuda que no les pertenecía.

Por otra parte, aparentemente se infringió también la Ley Orgánica Municipal en su artículo 36, inciso e y f debido a que el ex intendente, Armando Gómez, al firmar un pagaré a nombre de la Municipalidad de Lambaré realizó un pacto de pago con la Caja en concepto de honorarios profesionales, el cual no fue homologado ni auditado por la Junta Municipal, de acuerdo a la nota del pedido de intervención. Este trato se debió a que como la Municipalidad no transfería a la Caja el dinero que le corresponde ni tampoco se ponía al día después de sumar a la deuda el monto de intereses y penalidades por mora en el pago, entonces la Caja empezó a judicializar el caso, en consecuencia se generó una nueva deuda por los honorarios de los abogados por unos G. 1.056 millones.

Por otro lado, en el documento de pedido de intervención se dejó constancia de que no se sabía en qué se usó el dinero que mes a mes era descontado a los trabajadores municipales en concepto de aporte jubilatorio y pago de préstamos.

2. Caos administrativo por falta de transferencias: Para entender mejor esta problemática hay que tener en cuenta que las municipalidades recaudan el impuesto inmobiliario y, de acuerdo al artículo 169 de la Constitución Nacional, el 70% de dicho monto es propiedad de la municipalidad que lo recaudó, luego el 15% se envía a la gobernación a la que corresponde la ciudad y el 15% restante va a una caja especial administrada por Hacienda, cuyos fondos son distribuidos entre las municipalidades con menos recursos. Adicionalmente, del 70% que corresponde a la Comuna, el 1% ésta debe transferir al Servicio Nacional de Catastro.

En tanto que, el Ministerio de Hacienda, como parte de sus funciones, tiene la obligación de distribuir a las municipalidades el monto recaudado en concepto de Royalties, Canon Fiscal por Juegos de Azar y Fonacide. Pero, para hacer efectiva la entrega de ese dinero a las entidades municipales, éstas deben estar al día con sus transferencias y rendiciones de cuentas con relación a los recursos transferidos a la gobernación que le corresponde Hacienda, de modo a que este Ministerio pueda hacer sus transferencias a municipalidades con menos recursos.

En el caso de la Municipalidad de Lambaré, según la nota del pedido de intervención de la Comuna, esta no se encontraba al día con la entrega de los montos del impuesto inmobiliario que corresponden a otras entidades. La deuda ascendía a G.10.832 millones. Por ello, esta situación no solo impedía que la municipalidad lambareña acceda al dinero que Hacienda tiene para la misma (hasta ese momento, G. 33.095 millones), sino también estaba reteniendo y, por tanto, apropiándose de recursos que no pertenecen al municipio sino a otras entidades públicas.  

3. Cesación de pagos salariales a funcionarios municipales:  Según las denuncias que se expresan en el documento del pedido de intervención, unos funcionarios municipales, hasta aquel momento, afirmaban que no percibieron sus salarios desde hace dos o tres meses e incluso durante todo el 2019 no habían recibido el pago por bonificaciones, seguro y otros beneficios. Por ello, los empleados de la municipalidad lambareña realizaron múltiples protestas en esas épocas.

«La Municipalidad de Lambaré evidencia insuficiente capacidad para afrontar siquiera los pagos salariales de sus funcionarios», de acuerdo con el documento mencionado con anterioridad. Pero este también se plantea «¿cuál es la razón por la cual la Administración Municipal no cumple con el necesitado personal municipal?» (sic). Esto considerando que los ingresos municipales no cayeron y tampoco cambió el gasto de la Municipalidad de Lambaré en concepto de salarios, que en total suma G. 1.800 millones mensuales, por lo que financieramente hablando, la Comuna debería poder pagar dicho monto. Estos datos promovieron todavía más la sospecha de la malversación de los fondos, una causa que argumenta el pedido de intervención, y más aún sabiendo que no se estaba abonando lo correspondiente a impuesto inmobiliario, a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, había atrasos en el pago a proveedores y otras deudas más.

4. Presunción de que pagos hechos por contribuyentes a la Municipalidad no eran contabilizados: En el escrito presentado ante la Junta Municipal lambareña en el que se hace el pedido de intervención, se solicita la verificación de las boletas anuladas que se encuentran en el Archivo de la Municipalidad de Lambaré y la comparación de los datos en papel con los registros informáticos del área de recaudaciones con el fin de corroborar que todas las operaciones hayan sido transparentes.

Esta petición se da ante la sospecha de los concejales firmantes de que las boletas entregadas a los contribuyentes por el pago de sus obligaciones hayan sido anuladas y posteriormente modificadas ilegalmente para cambiar los montos de los pagos o eliminar el registro de lo abonado. La presunción de este hecho, según explica la concejala María Gloria Valenzuela en entrevista para Lambaré Mbarete, nació a partir de cinco casos en los que contribuyentes abonaron sus tasas, impuestos o contribuciones a la municipalidad, pero no constaban esos pagos en la liquidación de facturas, en los arqueos de cajas o en las planillas de pago de la Municipalidad.

5. Motivaciones legales: De acuerdo a lo que se argumenta en el pedido de intervención, ante la posible infracción a la Ley Orgánica Municipal, específicamente en su artículo 51, de los deberes y atribuciones del intendente también se realiza esta petición. Además, según se manifiesta en el escrito el pedido de intervención “es el resorte legal con el que cuenta la Junta y la ciudadanía para poder conocer a cabalidad las razones del paupérrimo y catastrófico estado de las finanzas municipales”.

6. Supuesta sobrefacturación del almuerzo escolar con dinero proveído por el Fonacide, año 2018: En el documento anteriormente citado, se explica también que la Junta Municipal lambareña conformó una comisión especial con el fin de verificar la provisión del almuerzo escolar, la cual es financiada por el Fonacide. Este equipo, finalmente, tras visitas insitu, pudo constatar que la cantidad de raciones facturadas por la Municipalidad era mayor al número de alumnos encontrados, con una diferencia de 217 estudiantes. Por día esto significa un perjuicio de G. 3.220.280, ya que cada porción tiene un precio de G. 14.840 y por mes, el monto presumiblemente sobrefacturado, sería de G. 96.608.400. No obstante, de acuerdo a las declaraciones que hizo en su momento Armando Gómez a la prensa local, el llamado a licitación es plurianual por lo que la listado de alumnos beneficiados se hizo en base al registro de matriculación del Ministerio de Educación, pero luego tras reunirse con los supervisores y concejales se decidió redireccionar 192 porciones a la Escuela Talavera Richer. Sin embargo, no explicó por qué la diferencia entre los 217 estudiantes que en un principio no fueron encontrados y los 192 de la escuela Talavera Richer.

7. Contratación irregular con fondos de royalties: Según se informa en la nota del pedido de intervención, supuestamente el ex intendente lambareño Armando Gómez había contratado a una empresa para la realización de obras por un valor de G. 12.700 millones por vía de la excepción, es decir, que procedió a la contratación directa sin llamado a concurso público. Por ello, este hecho, según detalla el documento, fue declarado irregular por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por haber violado la Ley N°2051/03 en su artículo 33.

Armando Gómez intentó defenderse

Respecto a estos puntos, Armando Gómez declaró en una entrevista para Abc tv en noviembre de 2019 que se recurrieron a préstamos debido a la baja recaudación considerando que de los G. 100 mil millones que deberían ingresar al año en concepto de impuestos hay una evasión del 65% , con lo que llegan a veces a recaudar solo alrededor de G. 45 mil millones.

Sobre el caso del almuerzo escolar -que se da a las instituciones educativas públicas que tienen alumnos con menos recursos-, Gómez argumentó que no existieron los «alumnos fantasmas» que se habían denunciado. Sostuvo que fue el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) el que dio a la Municipalidad el número de estudiantes matriculados y en base a esa cifra se firmaron los contratos; como estos son anuales se debe utilizar la lista de matriculados del año anterior, porque se tiene que presupuestar el dinero para las raciones mucho antes del inicio de clases. Por ello, de acuerdo a lo que manifestó el exintendente, tras reuniones con los concejales y supervisores, se pudo notar que en una escuela asistieron menos alumnos de los que tenían previsto y por eso se decidió redireccionar las raciones que tenían demás a otra institución, que fue la Escuela Talavera Richter que tiene el programa de «escuela del futuro» en la que los alumnos asisten en doble turno.

Por otro lado, con relación a los fondos de Royaltíes, juegos de azar y Fonacide- que la Comuna no estaba recibiendo por falta de rendición de cuentas-, Gómez manifestó que en ese momento se encontraban realizando un acuerdo con el Ministerio de Hacienda, ya que este había solicitado unos informes, los cuales la administración estaba en proceso de presentar. Pero esos trámites no fueron finiquitados debido a que ya estaba en proceso la ejecución de la intervención, que finalmente se inició en diciembre de 2019.

Respecto a la no trasferencia a la Caja de Jubilaciones, Gómez explicó que los descuentos que correspondían a su administración sí se estaban transfiriendo, no así las deudas anteriores que generaban intereses. Precisamente por eso, según alegó, inició un acuerdo de pago con la Caja, pero esto no fue homologado ni auditado por la Junta Municipal.

Con relación a la denuncia sobre la existencia de una caja paralela de recaudación, el exjefe comunal se limitó a dar declaraciones poco claras. Dijo: «Eso siempre se habla de eso, verdad. Nosotros incluso cuando ingresamos, cuando habían funcionarios todavía (de la anterior administración), nosotros de repente no le sacamos, así como siempre se dice ‘barrer con los funcionarios colorados’, no hicimos. Hay muchísimos funcionarios de la ANR que nosotros le tenemos dentro de nuestra administración. Y como yo siempre le dije a la gente del Sindicato y a todos, ‘acá yo le voy a tener siempre a la gente hasta tanto no sea una persona maleducada. Y cuando sea maleducada, cuando raya eso, no nos sirve, si no quiere colaborar con la administración’. Entonces, esa era mi forma de trabajar»(sic.).

La aprobación de la intervención

21 de octubre de 2019. Otro grupo de concejales – Luis Paciello (FG), Agustín «Guido» González (ANR) y Víctor Silvera (ANR)- solicitó una sesión extraordinaria para tratar el pedido de intervención.

Concejales: Víctor Silvera, Luis Paciello y Rosa Agustín «Guido» González (de izquierda a derecha), ediles que promovieron la sesión extraordinaria para el tratamiento del pedido de intervención (Imágenes de las redes sociales de los ediles)

22 de octubre de 2019. Llegó el día de la sesión extraordinaria en la Junta Municipal, con el fin de tratar el pedido de la intervención.

Momentos antes de la llegada de los ediles, aparentes funcionarios municipales y correligionarios afines a Armando Gómez empezaron a protestar frente a la sede de la Municipalidad de Lambaré e impidieron que los concejales, al llegar, puedan ingresar a su puesto laboral, supuestamente, con el fin de impedir que se lleve a cabo la sesión extraordinaria, de acuerdo a lo que publicaron medios locales en ese momento. Ante esta situación, se solicitó la presencia de algún fiscal, llamado al que acudió la fiscala Blanca Agüero, quien tras una conversación con algunos manifestantes pudo constatar la falta de garantías y seguridad para la realización de la sesión extraordinaria en la sede municipal, por lo que los ediles tuvieron que trasladarse a la Comisaría 4° Central de Lambaré.

Así, en una jornada atípica, 11 de los 12 concejales lambareños empezaron a sesionar en la comisaría hasta que la fiscala Agüero interrumpió la reunión, ya que el comisario le informó que «por órdenes superiores» no se podría llevar a cabo la sesión en ese sitio, reportaba la prensa. En ese momento se agitaron nuevamente los ánimos, pues los manifestantes se habían trasladado frente a la comisaría y los concejales temían salir de la sede policial por la peligrosidad que ello implicaba. Ante este suceso, el comisario salió a dar su versión y afirmó que fue su decisión la de solicitar el traslado de los concejales a otro lugar debido al poco espacio con el que contaban en la sede policial y garantizó la integridad de los concejales al salir de la comisaría.

Finalmente, entre estas idas y vueltas, los concejales sesionaron en el comedor de la Comisaría 4° Central y resolvieron aprobar el pedido de intervención, el cual fue efectivizado por el voto a favor de 10 de los 11 ediles que estuvieron presentes y por tanto esta solicitud fue elevada al Ministerio del Interior, para luego seguir el proceso en la Cámara Baja.

Extraordinario: Sesión de la Junta Municipal se llevó a cabo finalmente en el comedor de la Comisaría 4° de Lambaré. (Foto Última Hora)

Los 10 concejales que aprobaron el pedido de intervención fueron: María Gloria Valenzuela (Patria Querida), Daniel Molinas (Partido Liberal Radical Auténtico –PLRA),  Adolfo Sosa (PLRA), Nelson Medina (PLRA), Luis Paciello (Frente Guasú), Santiago Maldonado ( Asociación Nacional Republicana- ANR), Agustín “Guido” González (ANR), Víctor Silvera (ANR), Blas Delgado (ANR) y el presidente de la Junta, Fernando Báez (ANR). Por su parte, el concejal Lorenzo Mendieta (PLRA) votó en contra y el concejal Alfredo Lezcano se ausentó al argumentar motivos de salud.

Al finalizar la sesión con la aprobación del pedido de intervención, los manifestantes seguían con los disturbios frente a la sede policial lanzando petardos y cascotes e impedían la salida de los concejales. Por ello, tras una hora aproximadamente, un camión blindado del Grupo Especial de Operaciones (GEO) se acercó a la Comisaría 4° de Lambaré y logró sacar a salvo a los ediles de la sede policial.

22 de noviembre de 2019. El pedido de intervención a la Municipalidad de Lambaré realizado por la Junta Municipal lambareña fue recibido por el  Poder Ejecutivo nacional y los antecedentes del caso se remitieron a la Cámara Baja del Poder Legislativo nacional para su tratamiento.

18 de diciembre de 2019. La Cámara de Diputados se reunió para el tratamiento del pedido de intervención a la Municipalidad de Lambaré, el cual fue aprobado con 59 votos de los 80 legisladores. De esta manera, el Ejecutivo nacional tiene que encargarse de designar al interventor y en un plazo máximo de 90 días se debe presentar el informe final de la intervención.

19 de diciembre de 2019. Juan Villalba, ex viceministro de Asuntos Políticos, fue designado por el Poder Ejecutivo como interventor en el caso de la Municipalidad de Lambaré, según informó el Ministro del Interior Euclides Acevedo.

21 de diciembre de 2019. Villalba, quien  ya había intervenido a la Municipalidad de Ciudad del Este, decidió rechazar el puesto de interventor  en el caso de Lambaré. Esta información la dio a conocer mediante su cuenta de Twitter.

23 de diciembre de 2019. Tras la renuncia de Juan Villalba, en conferencia de prensa Juan Ernesto Villamayor, jefe de Gabinete del Poder Ejecutivo, comunicó que finalmente sería Amancio Rivas Fretes el interventor designado para el caso de la Municipalidad de Lambaré. Esto debido a que Villalba, el interventor designado anteriormente, prefirió apartarse del caso, según Villamayor por una cercanía al gobierno que podría poner en tela de juicio la transparencia del proceso y resultado de la intervención.

Inicio de la intervención

26 de diciembre del 2019: Amancio Rivas Fretes interventor designado por el Poder Ejecutivo llegó a la sede de la Municipalidad de Lambaré para iniciar el proceso de intervención. Durante el mismo, el en ese entonces intendente Armando Gómez fue apartado de su cargo por el periodo de 90 días, tiempo que duró la investigación.

Inicio oficial: Amancio Rivas Fretes (traje negro) en el momento que llegaba a la sede de la Municipalidad de Lambaré para proceder con la intervención. (Foto La Nación)

En esa fecha, funcionarios municipales seguían en vigilia, pues llevaban cinco meses sin cobrar sus salarios.

26 de febrero de 2020: Después de 90 días de intervención, el encargado de la misma, Amancio Rivas Fretes presentó ante el Ejecutivo nacional su informe final.

En dicho documento, al que pudo acceder el equipo de Lambaré Mbareté, se cuenta a detalle todos los procedimientos realizados por el interventor y sus colaboradores, además de especificar los presuntos delitos cometidos durante el periodo de gobierno de Armando Gómez.

En el informe final también se explica que el dictamen hecho por el equipo de intervención se dividió en tres partes, según las normativas que son aplicables a los casos de intervención. Dichas secciones son: la gestión administrativa, la investigación puntual de los hechos denunciados que fueron el motivo del pedido de intervención y los nuevos hallazgos de irregularidades y aparentes ilícitos.

Los hallazgos de la intervención

a. En cuanto a la parte administrativa: El equipo de intervención pudo constatar la falta de presentación de informes a otras entidades del Estado, lo que constituye una falta grave puesto que este hecho impide que la Municipalidad acceda a los fondos provenientes de Royaltíes, juegos de azar y Fonacide. Así también, según el documento del informe final de la intervención, se pudo comprobar  que la falta de rendición de cuentas en tiempo y forma ante las instituciones de control imposibilitó a la administración regirse por las normas reguladoras de las instituciones municipales. Por tanto, el municipio, al momento de la intervención sólo contaba con una fuente de ingreso proveniente de los recursos abonados por los ciudadanos lambareños en concepto de tributos.

Igualmente, según el documento, a pesar de que la institución cuenta con un Manual de Organizaciones y Funciones, que también debe ser actualizado, algunos funcionarios no saben cuál es su función.  Además, no cuentan con ningún reglamento interno del personal.

b. Con relación a la investigación puntual de las denuncias que dieron pie a la ejecución de la intervención: Se pudo constatar una serie de irregularidades más.

Respecto al primer punto de la nota del pedido de intervención que hace referencia a la deuda causada con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, se comprobó que G. 7.186 millones de guaraníes no fueron transferidos  a la Caja en concepto de aporte del personal y patronal desde enero de 2015 a diciembre de 2019. Del mencionado monto,  G. 3.593 millones  corresponden al dinero descontado a los funcionarios, el cual no fue depositado íntegramente a la Caja (en la investigación también se constató que el dinero fue efectivamente descontado a los funcionarios).

Interventor: Abogado Amancio Rivas Fretes, quien fue finalmente el encargado de realizar la intervención a la Municipalidad de Lambaré. (Foto de la cuenta Twitter de Rivas)

Ante dicho retraso, por la Ley 122/93, de acuerdo al documento, la Caja puede cobrar a la municipalidad el 2% por cada mes calendario o fracción de atraso, por lo que también se incurrió en deudas por intereses y penalidades. Las autoridades municipales que no cumplan la ley anteriormente mencionada cometen un delito que está tipificado en el código Penal y por tanto se exponen a ir presos.

Por el mismo hecho de retención de dinero que no le pertenece a la Municipalidad sino a la Caja, de acuerdo al informe final, se cometió la infracción de la Ley 1535/99 en su artículo 83, en los incisos «a» y «e» que hacen referencia al desvío, retención o malversación en la administración de los fondos y a la no rendición de cuentas reglamentariamente exigida, rendirlas con retrasos o presentar con graves defectos.

Así, la Municipalidad tenía una deuda total pendiente de pago, desde administraciones anteriores a Armando Gómez hasta diciembre de 2019, por la suma de G.17.202 millones en concepto de: Aporte obrero-patronal (lo que se le descontó al trabajador y no se trasfirió sumado a el pago que debía hacer como patrón y no lo hizo), la suma de las cuotas impagas de préstamos personales de los funcionarios con la Caja, intereses por retraso, intereses punitorios y recargos por incumplimiento de un acuerdo de pago firmado. El periodo de gobierno de Armando Gómez fue de diciembre de 2015 a marzo 2020, tras su renuncia al cargo.

El mencionado acuerdo había firmado Gómez el 28 de mayo de 2019 y hasta entonces la deuda con la Caja era de unos G.15.754 millones. Pero aún así desde mayo hasta diciembre de 2019 se sumó más endeudamiento por el monto de G. 1.448 millones, según la acotación que realizó la intervención municipal.

«Estos funcionarios a más de ser defraudados por los administradores municipales, serán privados de su legítimo derecho de jubilarse y la obtención de otros beneficios otorgados por la Caja», según se lee en el informe. Que incluso agrega que se observó una «apropiación indebida de dinero ajeno, correspondiente a los cobros realizados por amortizaciones de los préstamos y retenciones de aporte, cuyos importes no fueron depositados a la cuenta de la Caja, en tiempo y forma».

La intervención también hizo referencia a «daños patrimoniales», correspondientes a los pagos a ser realizados en concepto de los intereses y recargo por la no realización de los depósitos en tiempo y forma.

Por otra parte, respecto a la denuncia de la falta de trasparencia administrativa que se presentó en el pedido de intervención a la Comuna lambareña, la investigación  comprobó la retención de dinero de distintas instituciones, desde periodos de gobierno anteriores a Gómez incluyendo el de éste último,  como el Ministerio de Hacienda (G. 10.929 millones, hasta el 2014 y G. 5. 736 millones de 2015 a 2019), la Gobernación del Departamento Central (G. 10.796 millones hasta el 2014 y G. 6.176 millones entre 2015 y 2019).  Así también, el Servicio Nacional de Catastro dejó de percibir lo que le corresponde, que es el 1% del 70% que es de la Municipalidad por el monto recibido en concepto de Impuesto Inmobiliario (G. 222 millones entre 2017 y 2019), la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal -OPACI (G. 7.291 millones entre 2013 y 2019).

Igualmente, se constató la cesación de pagos salariales desde el mes de agosto a diciembre correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019. De la misma manera, al momento de la intervención, se adeudaban  gastos de representación y otros beneficios a los miembros de la Junta Municipal.

¿Un robo directo a los contribuyentes?

Respecto a la denuncia sobre las boletas anuladas, según consta en el informe final de la intervención, con la investigación se logró evidenciar y constatar  que se realizaron operaciones fraudulentas. Dichas acciones consistieron en anular boletas entregadas a contribuyentes y por tanto los pagos no constaban en los registros municipales físicos ni informáticos, aunque los pagos se hayan realizado.

Documento: Página 13 del informe final de la intervención a la Municipalidad de Lambaré en la que se detalla el caso de las boletas anuladas.

Según el documento, este supuesto fraude perjudicó al patrimonio municipal con la falta de unos G.  9.212 millones. Estos datos fueron corroborados tras el análisis de los archivos municipales, para lo que se requirió la contratación de profesionales calificados en el rubro informático y un perito con el fin de confirmar que los documentos denunciados y evidenciados correspondan efectivamente a la Municipalidad.

Igualmente, en el escrito se menciona que también son responsables directos de las infracciones cometidas en el caso de las boletas anuladas los departamentos de Administración y Finanzas, Informática, Tesorería, Rendición de Cuentas, Contabilidad y por sobre todo Auditoría Interna.

Por otra parte, respecto al caso Fonacide, con la investigación se pudo constar la malversación de los fondos municipales, ya que el municipio informaba al Fondo gastos mayores a los que realmente realizaba por lo que quedaba en el banco grandes sumas de dinero. Estos casos sucedieron, según el informe en los años 2018 y 2019.

En el año 2018, de acuerdo a datos que brinda el informe, la contabilidad municipal informó el gasto de G. 10.062 millones, dinero proveniente de Fonacide, aunque en la cuenta bancaria que tenía la Municipalidad en un banco local figuraba que sólo se realizaron pagos por G. 5.342 millones, por lo que G. 4. 776 millones quedaron en el banco. Igualmente, en el 2019 se dio una situación similar ya que, según la contabilidad municipal el monto gastado fue de G. 5. 342 millones,  aunque la entidad bancaria solo registró pagos por poco más de G. 4 millones, por tanto hay una diferencia de G. 5. 338 millones. En el informe no se aclara por qué había esa diferencia ni se sabe oficialmente cuál era la intención de la administración de entonces.

Por otra parte, con relación al supuesto uso irregular de Royalties, según el informe final de la intervención, se pudo comprobar la ejecución indebida de los contratos vía excepción N° 2/2018 con EMPO SA para la disposición final de residuos sólidos y lucha contra el dengue, zika y chikunguya (ID 347634) y el N°3/2018 con Nuevo Horizonte por el alquiler de un camión volquete (ID 347887) por valor de G. 1.357 millones. En estos casos se incumplieron las leyes 3966/10 orgánica municipal y 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre según el documento.

Igualmente, con la investigación se comprobó que la Municipalidad no realizaba estudios de costos, no cumplía con las disposiciones legales y  tampoco se observaba la recepción de los bienes adquiridos firmados por un personal responsable.

c- La tercera y última sección del informe corresponde al hallazgo de supuestos hechos punibles: La retención del dinero de recaudaciones de la Municipalidad, la negligencia de los funcionarios de algunos departamentos municipales como el de Auditoría Interna, Rendición de Cuentas y Desarrollo Urbano quienes no cumplieron a cabalidad sus funciones por lo que eso los llevó supuestamente a cometer estos hechos punibles.

De igual forma, el departamento de Comercio de la Municipalidad, según el documento, evidencia su falta de conocimiento respecto a las funciones que debe desempeñar, ya que incurrieron en errores como el mal cobro de tributos y tampoco contaba con toda la documentación que debía tener.

Informe: En la página 23 del documento del final de la intervención se empieza a narrar los nuevos hallazgos de irregularidades en la Municipalidad de Lambaré.

Asimismo, según el documento, en el departamento de Talento Humano se pudo comprobar la existencia de irregularidades como la retención de dinero de los funcionarios correspondientes a pagos de deudas sumando en total G. 1.448 millones. Igualmente, de acuerdo al informe,  se presentaron contratos del personal los cuales no se encuentran bajo la norma legal vigente, ya que omiten datos respecto al rubro al que afecta la contratación, el cargo para el que fueron contratadas las personas, ni las funciones que estas debían cumplir. Así también, se constató en la investigación la existencia de funcionarios que solo asisten a sus puestos laborales tres veces por semana sin justificación alguna ni documentos respaldatorios al respecto.

De igual manera, las órdenes de pago municipales en muchos casos, de acuerdo al informe, no contaban con los requisitos básicos para el procedimiento como la firma del intendente y administrador, además de no tener documentación que respalde dichas órdenes de pago.

Por otra parte, en el caso del departamento de Tesorería, la investigación comprobó que esta sección municipal no cotejaba los comprobantes de ingresos en el día que recaudó el dinero, el arqueo de caja no se realizaba en el día y se encontraron facturas anuladas de forma irregular fuera del mes de emisión y fuera del horario laboral. Y ante los fuertes indicios de fraude, se pudo constatar que ese dinero no fue ingresado al arca municipal.

Igualmente, en el informe se detalló que unos G. 2.068 millones fueron pagados a proveedores sin documentación que respalde la operación, ni se observó la autorización del administrador (quien es el encargado de las finanzas). De la misma manera, se evidenció según el documento, de acuerdo a la Contraloría General de la República, la contratación vía excepción N° 10/17 de la regularización asfáltica, construcción y reposición de empedrado efectivamente fue irregular pues no justificó debidamente la modalidad de contratación que fue por la suma de G. 12.731 millones.

Por otro lado,  el equipo interventor también pudo constar la existencia de una caja paralela en la Municipalidad, con su respectiva contabilidad, lo que constituye un hecho punible grave, según su conclusión.

Por todos estos motivos detallados anteriormente, según el documento, se puede llegar a la conclusión de que las autoridades municipales daban informes irreales e inconsistentes, ya que no condecían con la realidad financiera y patrimonial de la Municipalidad.

Multimillonario daño patrimonial

En total, el perjuicio provocado al patrimonio de la Municipalidad de Lambaré, de acuerdo al documento, fue de G. 148 785 millones, de los cuales G. 59.371  corresponden al periodo 2016- 2019 y G. 89. 394 se arrastraban de periodos anteriores a 2015. (Ver cuadro)

6 de marzo de 2020. Tras confirmarse las irregularidades en la Municipalidad de Lambaré, Armando Gómez renunció a la intendencia.

18 de marzo de 2020. En una sesión extraordinaria, la Junta Municipal lambareña aceptó la renuncia de Gómez con 8 votos a favor y 3 en contra, para luego elegir como intendente a Rosa Agustín “Guido” González Dans para que termine de completar el periodo 2015- 2020.

Actualmente, la municipalidad bajo el nuevo gobierno sigue sufriendo las consecuencias de las irregularidades cometidas en los anteriores periodos, aunque ya están realizando sus actividades con normalidad y algunas deudas se empezaron a pagar, de acuerdo a las palabras de la concejala María Gloria Valenzuela.

Por otra parte, los procesos a Armando Gómez y otros funcionarios, por los supuestos hechos punibles develados en la investigación del equipo interventor, siguen su curso. Así también, tanto el legislativo como el ejecutivo municipal denunciaron supuestas irregularidades y delitos cometidos por gobiernos anteriores, incluyendo una denuncia por parte de la Comuna contra el interventor Amancio Rivas (quien interinó la intendencia durante los tres meses que duró el proceso de intervención de la Municipalidad) por faltantes de más de G. 1.000 millones, según declararon los titulares de la Junta Municipal e intendencia lambareñas en conferencia de prensa en febrero de este año.

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