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Las 11 causas judiciales de Armando Gómez

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Sin que muchos de nosotros nos demos cuenta, ya pasaron más de cinco años de la primera imputación de Armando Gómez, exintendente de Lambaré, por el caso de la estafa a la empresaria Maris Llorens. Sin embargo, ésta no fue la única imputación de la justicia nacional al exmandatario municipal, sino posteriormente, se realizó una serie de denuncias en su contra durante su gestión, que derivó en la intervención de la Municipalidad, su posterior detención y renuncia al cargo. Por ello, hoy les contaremos las 11 causas judiciales de Armando Gómez.

Justicia: Del total de las causas judiciales en contra de Armando Gómez cinco fueron por supuestas irregularidades durante su gestión como intendente de Lambaré.

Yendo en retrospectiva, en el año 2015 tanto Armando Gómez, en ese entonces candidato a la intendencia de Lambaré por el Partido Liberal, como su esposa, en ese momento, Fabiola Bareiro, fueron acusados por un supuesto desfalco de unos US$ 3 millones a una de las empresas de la ganadera Maris Llorens. El juicio por el delito culminó con la condena de 11 años de cárcel para Bareiro y una cómplice suya, por estafa (más de US$ 450.000), lavado de dinero y producción de documentos no auténticos. Por su parte, Gómez se salvó del juicio oral tras haber pagado unos G. 550 millones, debido a la suspensión condicional del caso en su contra, que incluía los supuestos delitos de estafa, reducción y obstrucción a la restitución de bienes, según informó en su momento Guillermo Duarte, abogado querellante al diario Última Hora.

No obstante, las denuncias contra Gómez por delitos no culminaron con el caso Maris Llorens, sino que continuaron durante su periodo como intendente de la Comuna lambareña. Los delitos por los que fue imputado el exmandatario lambareño fueron los de estafa y lesión de confianza, que derivaron en su detención, por lo que se dio pie a las causales para la intervención de la Municipalidad de Lambaré. Los hechos denunciados incluyeron malversación de fondos de impuestos, el no pago a funcionarios municipales, violación al régimen tributario, nula rendición de cuentas del Fonacide y otros recursos al Ministerio de Hacienda que derivó en que en ese momento, la Municipalidad no haya recibido más de G. 30.000 millones y hasta una demanda a la Comuna lambareña por parte de la firma Titanic Corporation Sociedad Anónima (Ticsa), según datos publicados por el diario Abc Color en diciembre del año 2019 y corroborado en el informe final de la intervención a la Municipalidad de Lambaré, al que tuvo acceso Lambaré Mbarete.

Finalmente, todos esos casos llegaron a instancias del Gobierno Nacional, por lo que el Poder Legislativo tomó cartas en el asunto y aprobó la intervención a la Municipalidad de Lambaré, así también lo hizo posteriormente el Poder Ejecutivo.

El interventor designado fue Amancio Rivas Fretes, en diciembre de 2019, quien comprobó con las investigaciones el perjuicio patrimonial a la Municipalidad de la ciudad de la burrerita por más de G. 148.000 millones en dos periodos municipales.

Lea más: Claves para entender la intervención a la Municipalidad de Lambaré

Saltaron las anomalías de la era Gómez, pero también de Cárdenas

Si bien la intervención a la Municipalidad de Lambaré se inició por las irregularidades en la gestión de Armando Gómez, la investigación abarcó periodos anteriores y, de hecho, se corroboró que el principal daño patrimonial se dio durante la gestión del exintendente Roberto Cárdenas, antecesor de Gómez. Del monto total del perjuicio a las arcas de la Comuna, G. 89.000 millones fueron malversados, según la investigación, durante el periodo del colorado Roberto Cárdenas (también procesado por lesión de confianza, faltantes de royalties, obras mal hechas, la sobrefacturación de la merienda escolar, obras viales y en la construcción de mejoras a escuelas, entre otros) y G. 59.000 millones durante el mandato de Armando Gómez, de los cuales éste último habría desviado G. 15.000 millones mediante una caja paralela en la Municipalidad, por lo que se presume que estafó a más de 9.000 contribuyentes durante su mandato, según el informe de la intervención.

Las imputaciones a Gómez, por los delitos que afectaron a la Municipalidad de Lambaré, derivaron en su renuncia a la intendencia en marzo de 2020, por lo que tras el fin de la intervención (en la que interinaba el gobierno municipal el interventor Amancio Rivas Fretes) el colorado Rosa Agustín “Guido” González Dans expresidente de la Junta Municipal, quedó a cargo de la Comuna, según explicó el mismo en una entrevista exclusiva para Lambaré Mbarete.

Actual intendente: Rosa Agustín «Guido» González Dans asumió el gobierno municipal lambareño en marzo de 2020.

Denuncias que involucran a Armando Gómez

Las imputaciones que tuvo el exintendente Armando Gómez fueron 11, por distintos casos. 10 de ellos tienen relación con su gestión como intendente, de los cuales siete son denuncias de la Junta Municipal y tres del actual Ejecutivo municipal, más una causa anterior a su mandato. Aunque el Ministerio Público abrió la mayoría de las carpetas, en principio contra personas innominadas, hay tres cuatro causas caratuladas en su contra.

1. Supuesta estafa a la empresaria Maris Llorens: Unos seis años atrás, la ganadera había denunciado ante las autoridades un presunto desfalco a su empresa Viraldose SA, la cual se dedica a la cría, engorde y genética bovina, por unos US$ 3 millones. Algunas de las presuntas autoras del delito fueron las hermanas Fabiola Bareiro Gibbons (empleada de la empresa) y Annie Victoria Gibbons (contadora externa de la firma), quienes trabajaban para la empresa de Llorens y como parte de sus funciones, se encargaban de entregar cheques de pago a los proveedores. Sin embargo, aparentemente, las trabajadoras no efectuaban el depósito a quienes debían hacerlo, sino que supuestamente falsificaron el endoso de los cheques para cargar el dinero a la cuenta de Bareiro, de acuerdo a lo que se lee en las páginas web de Última Hora y Abc Color. Según las mismas publicaciones, en este caso también estuvieron presuntamente involucrados el exviceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior Jorge «Turi» Capello -ya que Annie Gibbons es su suegra- y Armando Gómez exintendente de Lambaré, quien había sido esposo de Bareiro; a ambos se los denunció como supuestos cómplices.

Finalmente, tanto Gómez como Capello fueron sobreseídos de la causa, aunque el exintendente tuvo que pagar una fianza de G. 550 millones para el efecto. Por su parte, tanto Bareiro como Gibbons fueron encontradas culpables por lo que las condenaron a 11 años de prisión por lavado de dinero y producción de documentos no auténticos.

2. Aparente lesión de confianza y estafa: El exintendente Armando Gómez, a poco de haber iniciado su periodo de gobierno en 2016, ya fue imputado por la fiscala Blanca Agüero por supuesta lesión de confianza y estafa por el caso de la caída del muro de contención del puente Vencedores.

Actualmente, esta causa, caratulada como Armando Gómez sobre hecho punible contra el patrimonio y lesión de confianza y Gerardo Aguilar Carmona y otros sobre estafa, con Nº 3.295/2016, se encuentra en el Juzgado Penal de Garantías del Tercer Turno de Lambaré en manos de la Juez Penal Ana Esquivel. La misma decidió suspender condicionalmente el procedimiento contra Gómez y por tanto imponer reglas de conducta y suspender las medidas cautelares que habían sido dispuestas, además de encontrarse en trámite de extinción de la acción penal, según se puede leer en la página del observatorio de causas judiciales del Poder Judicial.

3. Aparente lesión de confianza por supuesta sobrefacturación en la compra de plásticos para registros de conducir y habilitaciones de la firma Ticsa: De acuerdo a lo que manifestó Aristides Duré, Asesor Jurídico de la Junta Municipal, en entrevista para Lambaré Mbarete, en el año 2016, Armando Gómez fue denunciado por el legislativo municipal debido a que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) encontró irregularidades en el proceso de contratación directa de la empresa Titanic Corporation SA (Ticsa), que fabricó los plásticos para las licencias de conducir y habilitaciones de los ciudadanos lambareños por un monto, en principio, de G. 112 millones, que fue abonado por la Comuna, después de que la DNCP declaró desierta la licitación. Además, afirmó el abogado que los encargados tampoco subieron al portal de Contrataciones Públicas el contrato ni los detalles de la operación.

Las municipalidades por ley tienen la posibilidad de realizar la contratación directa hasta 2.000 jornales mínimos (un jornal G. 84.340) que equivalen a G. 168.680 millones de acuerdo a la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Pero, aún así, las autoridades municipales deben tener contratos con la empresa y publicar en la página de la DNCP, según explicó Duré.

Así, además del pago superior a G. 100 millones, la Comuna durante la intendencia de Gómez, sin contrato ni licitación alguna siguió usufructuando los servicios de Ticsa por monto de G. 1.600 millones, lo que constituye una irregularidad puesto que la mencionada cantidad de dinero supera los 10.000 jornales mínimos (G.84.340) y por el artículo 16 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas debe hacerse la operación por licitación pública, afirmó Duré. Además, explicó que este dinero nunca fue abonado, por lo que la empresa sigue reclamando a la Municipalidad el pago.

Todas estos hechos derivaron en la apertura de la carpeta fiscal N° 13/2017, según informaciones publicadas por NPY y la página Paraguay.com. Posteriormente, en el año 2019, la agente fiscal Laura Romero, encargada de la causa, pidió la prisión preventiva tanto del exintendente como del exdirector administrativo municipal Roberto Paredes Ojeda, ya que estos no se presentaron a los llamados de audiencia del Ministerio Público, de acuerdo a lo que informó Unicanal en su página web y confirmó Duré.

Por ello, Armando Gómez fue detenido en una playa de Puerto Pabla el 5 de diciembre de 2019 y fue llevado a la Comisaría 4° Central y el mismo día, Paredes se presentó a la dependencia policial, según informaron NPY y Unicanal. Se quedó el registro de que ambos pasaron la noche en la comisaría y fueron a prestar declaración al día siguiente a la Unidad Penal Número 3 de la Fiscalía Zonal de Lambaré.

Por esta causa, caratulada como «Roberto Paredes y otro sobre lesión de confianza», fueron imputados tanto el exintendente, Armando Gómez, como el exdirector financiero, Roberto Paredes Ojeda y de hecho, según manifestó Duré, «el Ministerio Público en su pericia dijo que hubo daño patrimonial por los G. 112 millones». Posteriormente, explicó el abogado que la fiscala Laura Romero fue recusada, por lo que la causa pasó a la Unidad Penal N°4 de Lambaré a cargo del agente fiscal Osvaldo Caballero Bracho, quien solicitó el sobreseimiento provisional de ambos, debido a que faltan las respuestas de diligencias realizadas en la Contraloría General de la República (CGR), la Subsecretaría de Estado de Tributación, DNCP y la empresa Ticsa, según consta en documentos entregados en una conferencia de prensa por la Junta Municipal.

Estas diligencias, según Duré, se realizan «para poder encuadrar los G. 1.600 millones sobre el perjuicio que tiene la Municipalidad, porque es una factura que está dentro del balance general como deuda flotante». Por ello, sigue la investigación, ahora nuevamente con la fiscala Laura Romero de la Unidad Penal Nº 3, con la que se podrá comprobar o no el daño patrimonial a la Comuna y en caso de constatarse la irregularidad se podría rever la reapertura de la causa en contra de Gómez y otros funcionarios de su gestión para ampliar la imputación.

Actualmente, la fiscala Romero solicitó una nueva pericia contable, la cual aún no finalizó. Así también, se aguardan los resultados de las diligencias en la Contraloría, SET, DNCP y la empresa Ticsa, afirmó Duré.

4. Supuesta lesión de confianza por apropiación de los descuentos en concepto de aporte jubilatorio y préstamos realizados a los funcionarios municipales y la no transferencia la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal municipal: Tras la intervención a la Municipalidad de Lambaré se dio a conocer en el informe final de la misma que efectivamente la Comuna había descontado a los funcionarios el monto correspondiente al aporte obrero y a las cuotas de los préstamos que éstos tenían con la Caja. Sin embargo, la institución municipal no efectuaba la transferencia a la Caja, por lo que se generaron otras deudas en concepto de honorarios de abogados por reclamos de pago vía judicial e intereses y penalidades.

«Estos funcionarios a más de ser defraudados por los administradores municipales, serán privados de su legítimo derecho de jubilarse y la obtención de otros beneficios otorgados por la Caja», según se lee en el informe. Que incluso agrega que se observó una «apropiación indebida de dinero ajeno, correspondiente a los cobros realizados por amortizaciones de los préstamos y retenciones de aporte, cuyos importes no fueron depositados a la cuenta de la Caja, en tiempo y forma».

«El peligro está acá y que ocurrió ya, falleció un compañero mío acá de la Junta Municipal y no pudo jubilarse, falleció otra compañera, hay gente que tiene ya la edad para jubilarse y no puede jubilarse. Pero, hay otro peligro, hay compañeros que hipotecaron su casa por préstamos y, ¿qué pasa si no se paga eso? se van a ejecutar las hipotecas, te van a hacer juicio ejecutivo para que se te descuente de tu salario por los préstamos que utilizaste», expresó Duré, al momento de contar testimonios de sus compañeros.

Afirmó también el asesor municipal que ahora la intendencia municipal, mediante un trato, está saldando las deudas con la Caja de Jubilaciones, pero este pacto solo abarca los compromisos de periodos anteriores al 2015 y la deuda a partir del 2016 (periodo de gobierno de Armando Gómez) aún no determinaron cómo cubrir porque es una suma muy alta de dinero (G.7.186 millones más intereses y penalidades, de acuerdo al informe final de la intervención a la Comuna).

Así fue que ante estos descubrimientos la Junta Municipal lambareña realizó la denuncia ante la fiscalía. De la misma manera, Gervasio Jara, el titular del Sindicato de Empleados y Obreros de la Municipalidad de Lambaré (Seomul), realizó una denuncia sobre la misma causa y de hecho, es uno de los funcionarios de la Comuna, en específico del legislativo municipal, que falleció sin haber percibido la jubilación.

El caso inicialmente lo tuvo la fiscala Gladys González quien fue recusada, luego pasó a la fiscala Teresita Torres quien también fue recusada, por lo que la causa fue tomada por el agente fiscal Osvaldo Caballero Bracho. Pero, como este fiscal fue suspendido volvió la denuncia a manos de la fiscala Torres quien tiene actualmente el caso y ya fueron remitidos los expedientes a la Unidad Penal Nº 5, dónde se encuentra la misma, para la investigación.

5. Aparente lesión de confianza por irregularidades en el proceso de contratación vía excepción, contrato N° 10/17: El caso aparentemente nació a partir de la denuncia de la Junta Municipal lambareña ante la Contraloría General de la República que se encargó de realizar la investigación y descubrió que el contrato N°10/17 con ID 335380 por vía de la excepción para la regularización asfáltica y construcción y reposición de empedrado por G. 12.731 millones no fue justificado debidamente, de acuerdo al informe final de la intervención a la Municipalidad de Lambaré.

Además, Duré manifestó que el Ejecutivo municipal no trajo a la Junta Municipal el pliego de bases y condiciones, sino solo la adjudicación de la licitación. Esto también constituye una irregularidad puesto que, de acuerdo al artículo 36 inciso b y c de la Ley Nº 3966/10 Orgánica Municipal, el poder Legislativo de la Comuna tiene el deber y la atribución de autorizar por resolución los llamados a licitaciones, pliegos de bases y condiciones y aprobar las adjudicaciones y contratos con las empresas ganadoras de las licitaciones.

De esta manera, por los motivos mencionados la Junta Municipal lambareña realizó una denuncia y así se abrió la causa N° 2.339/18 en la cual supuestamente estaría involucrado el exintendente lambareño Armando Gómez.

Actualmente, la causa se encuentra aún en etapa investigativa, además también se espera un informe pericial de la Contraloría Genral de la República para determinar quienes son los responsables. El caso se encuentra en la Unidad N° 5 de Delitos Económicos a cargo de la agente fiscal Susy Riquelme.

6. Supuesta lesión de confianza por anulación de comprobantes de ingreso y la no transferencia de la recaudación:

Este caso inició antes de la intervención, por la denuncia de la Junta Municipal ante la Fiscalía de Lambaré debido la no transferencia del monto del impuesto inmobiliario que, por el artículo 169 de la Constitución Nacional, corresponde a otras entidades como la Gobernación Central y el Ministerio de Hacienda. Así fue que el caso, como se trataba de impuesto inmobiliario, pasó a la Unidad de Delitos Económicos a cargo de la fiscala Gladys González quien allanó la sede municipal.

En dicho allanamiento se verificaron y lacraron los documentos del departamento de Archivo (donde se encuentran las facturas) y se llevaron la CPU de la caja 4, porque se tenía la sospecha de que allí eran anuladas las facturas. Posteriormente, la fiscala González fue recusada por lo que la causa pasó a la fiscala Laura Ávalos quien realizó un segundo allanamiento.

Durante este procedimiento, en el que se buscaba incautar más evidencias del caso, se pudo allanar la tesorería y recabar datos de la misma, donde se encontraban muchos comprobantes al igual que en el departamento de Informática. Así también la fiscala recibió una denuncia de que aparentemente trabajadores de la institución apagaron las cámaras de seguridad de la Municipalidad para poder sacar y eliminar documentos antes de un posible allanamiento. Según una publicación de Abc Color, las cámaras de circuito cerrado fueron apagadas el sábado 2 de noviembre de 2019 a las 7:00 y fueron encendidas el lunes 4 de noviembre (día del allanamiento) cinco minutos antes de la llegada de los intervinientes.

Por ello, la agente fiscal solicitó la detención de Iván Villalba, Director Informático quien presuntamente habría apagado las cámaras, de acuerdo a la publicación del medio nacional.

Posterior a este procedimiento se produjo la intervención de la Municipalidad, por lo que los intervinientes pidieron a la Unidad Penal N° 7, la que había allanado anteriormente el lugar, que deslacre los archivos, para que el equipo interventor pueda acceder a los mismos para la investigación, según declaró Duré. Afirmó también que con la ayuda de los peritos informáticos y ante la sospecha mencionada de la eliminación de pruebas, se pudo recuperar la información de las computadoras y de allí salió la primera lista de facturas de diversos tributos que fueron anuladas presumiblemente de forma irregular, sobre esto, la fiscalía labró acta en acompañamiento de la Junta, administrativos parte de la gestión de Armando Gómez.

Según declaró el abogado, «nosotros en investigaciones, ya con la intervención, nos dimos cuenta en reuniones que tuvimos acá en la Junta en la que le llamamos a los peritos informáticos, que hacían ellos. En el 2019 te figuraba en el sistema de la caja ahi de la Municipalidad que vos pagaste el impuesto inmobiliario, pero ese dinero que vos pagaste nunca se depósito a la cuenta de la Municipalidad y eso por ley al día siguiente se debe depositar y ellos tenían 15, 30, 40 días en Tesorería». Después con eso lo que hacían presumiblemente es anular las facturas que justifican el ingreso ese dinero que no fue depositado.

Así también, declaró Duré que «los peritos nos dicen que hay un sistema (de la Municipalidad) que te figura la parte tributaria pero no contable». Por eso, en el sistema, cuando iban algunos contribuyentes a abonar sus cuentas en el año 2020, en la caja figuraba que se pagó el 2019, pero ese dinero no formaba parte de la contabilidad o aparecía como boleta anulada.

«Es más se anulaban (las boletas) las 3 de la mañana, fuera de horario de oficina, las 2 de la mañana, las 9 de la noche fuera de la Municipalidad, porque el sistema tenía un sistema que le facultaba o habilitaba realizar operaciones a distancia, porque en el cementerio nosotros tenemos también computadoras, que se encontraban allí por el tema del impuesto al cementerio. Entonces, tenía un sistema por el que se podía salir de la Municipalidad y operar desde allí» declaró el abogado.

Igualmente, según dijo Duré, otra forma de operación fue la anulación e intercambio del monto y descripción de la factura. Es decir, que hubo casos en donde ciudadanos pagaban por ejemplo su patente comercial por G. 35 millones y eran intercambiadas por pago de habilitación o registro de conducir a nombre del mismo contribuyente.

Así, finalmente la pericia, de acuerdo a las palabras de Duré, determinó que hubo efectivamente daño patrimonial por las anulaciones.

Ante esto la Municipalidad decidió reconocer todos los pagos de las personas afectadas que se acercaron con su factura legal para demostrar el pago y con eso realizaban sus denuncias las cuales fueron enviadas a la Unidad de Delitos Económicos.

Igualmente, según consta en el informe final de la intervención, se pudo comprobar la existencia de una doble contabilidad en la Municipalidad, con la cual, presumiblemente se pudo haber desviado el dinero municipal.

Tras dichos descubrimientos y la denuncia por parte de la Junta Municipal, se abrió la causa N°4.106/19 que también involucra al ex mandatario lambareño por haber sucedido este supuesto desfalco durante su periodo de gobierno. La causa radica en la Unidad N° 7 de Delitos Económicos y Anticorrupción a cargo del agente fiscal Abog. Francisco Cabrera.

Esta causa está hoy en día está en plena investigación, y se busca resolver tanto el caso de la no transferencia de la recaudación, como la anulación de comprobantes de ingresos, según informó Duré. Afirmó también que ya se fueron a declarar dos informáticos sobre todas las cosas que ellos vieron y también ya se presentaron los contribuyentes afectados. Pero manifestó que existe una pericia informática solicitada por el Ministerio Público, la cual ya había sido suspendida por 60 días por la pandemia debido a que contaban con menos personal y que actualmente el perito volvió a solicitar otra suspensión de 60 días.

7. Supuesta lesión de confianza por irregularidades con el almuerzo escolar: Este caso se habría originado tras una denuncia de la Junta Municipal ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República por irregularidades en el proceso de repartición del almuerzo escolar, lo que derivó en la apertura de la causa N° 1.947/2019, caratulada actualmente contra persona innominada aunque se presume que el ex intendente Armando Gómez podría estar involucrado.

De hecho, este punto fue citado en la nota del pedido de intervención a la Comuna realizada por el Legislativo municipal, en la cual se explica que la Junta conformó una comisión especial con el fin de verificar la provisión del almuerzo escolar que es financiada por el Fonacide. Este equipo, finalmente, tras visitas insitu, pudo constatar que la cantidad de raciones facturadas por la Municipalidad era mayor al número de alumnos encontrados, con una diferencia de 217 estudiantes. Por día esto significa un perjuicio de G. 3.220.280, ya que cada porción tiene un precio de G. 14.840 y por mes, el monto presumiblemente sobrefacturado, sería de G. 96.608.400.

«Yo me constituí también con ellos en dos escuelas y veíamos de la forma lamentable en la que se le daba a los menores de comer, sentado ahí en el piso, no había una organización muy buena. Y ¿quien debía eso de controlar? la administración municipal, porque nosotros como Junta pues somos contralores no somos administradores, lo que nosotros hacemos es le controlamos a ellos como ellos manejan los recursos municipales», manifestó Duré.

No obstante, de acuerdo a las declaraciones que hizo en su momento Armando Gómez a la prensa local, el llamado a licitación es plurianual por lo que la listado de alumnos beneficiados se hizo en base al registro de matriculación del Ministerio de Educación, pero luego tras reunirse con los supervisores y concejales se decidió redireccionar 192 porciones a la Escuela Talavera Richer. Sin embargo, no explicó por qué la diferencia entre los 217 estudiantes que en un principio no fueron encontrados y los 192 de la escuela Talavera Richer.

Sobre el mismo punto, manifestó Duré que ese redireccionamiento, además de haber sido declarado irregular porque no contaba con autorización del Ministerio de Educación y Ciencias para realizar dicha operación, este se realizó después de la denuncia de la Junta, tal vez, como método para justificar la diferencia denunciada. Además, manifestó que sigue en duda si realmente los estudiantes de la escuela Talavera Richter recibieron el almuerzo escolar efectivamente.

Para ello se necesita que el caso sea investigado esta denuncia que radica actualmente en la Unidad Penal N°6 a cargo de la Dra. Casse Giménez con el fin de determinar qué pasó allí, pero la «causa sigue durmiendo», expuso Duré.

8. Supuesta lesión de confianza por transferencia intercuentas: Este caso también fue denunciado por la Junta Municipal lambareña, debido a la sospecha de malversación de fondos por la transferencia de dinero de una cuenta municipal que contiene el monto brindado por Fonacide para el almuerzo escolar y arreglos diversos a escuelas y colegios de la ciudad a otra cuenta de la Municipalidad de Lambaré, supuestamente para el pago de salarios a funcionarios municipales.

Esta causa es la Nº 10/20, caratulada contra persona innominada sobre lesión de confianza, la cual fue desglosada de la causa 4.106/2019 de la anulación de comprobantes de ingreso y no transferencia de recaudación y fue designada al fiscal Francisco Cabrera de la Unidad Penal 7 de Delitos Económicos.

Actualmente, la investigación sigue en curso y en el marco de la misma el agente fiscal a cargo solicitó a la Contraloría informes de auditoría sobre transferencia intercuentas efectuadas supuestamente durante la administración de Gómez, en caso de que hayan realizado el procedimiento. La Contraloría finalmente contestó en enero de este año y manifestó que se pudo constatar irregularidades formales en la revisión de cuentas de los recursos provenientes del Fonacide.

9. Segunda denuncia por la caída del muro de contención del Puente Vencedores: Esta es la más reciente causa que prevé denunciar el legislativo municipal sobre irregularidades en periodos anteriores. Se trata de una nueva denuncia por la caída del muro de contención del puente Vencedores, donde en la noche del 30 y madrugada del 31 de enero de este año por el derrumbe incluso cayeron tres vehículos al cauce del arroyo Lambaré.

Esta denuncia aún no fue remitida a ninguna fiscalía puesto que la intendencia debe hacer un nuevo borrador del caso y entregarlo a la Junta Municipal para su análisis cuando se le entregue el expediente que fue solicitado a la fiscalía que tiene la primera causa sobre la caída del muro de contención, la cual fue abierta en el año 2016 y tuvo una salida procesal. Por ello, debe hacerse una revisión del caso y realizarse una nueva denuncia, porque debido a la legislación nacional no se puede otorgar una condena a una persona dos veces por el mismo hecho, según manifestó Duré.

Además, sobre caso habló el intendente Rosa Agustín «Guido» González quien dijo que este muro de contención costó más de G. 900 millones y habría sido supuestamente sobrefacturado más de G. 500 millones.

10. Supuesta transferencia intercuentas prohibidas contra el exintendente Armando Gómez: Esta causa fue formulada por la intendencia actual a cargo de Rosa Agustín «Guido» González y la asesoría jurídica municipal, departamento del que es responsable el Abog. Walberto Alonso. El caso tiene relación con la transferencia intercuentas de la Municipalidad, que en ciertos casos no está permitida, como la transferencia de dinero entre las cuentas del Fonacide y la cuenta bancaria municipal, según explicó el abogado Alonso en una entrevista para Lambaré Mbarete.

La causa, que es la número 1.884/2020 caratulada como denuncia penal contra el patrimonio municipal y contra el ejercicio de la función pública por transferencia intercuentas prohibidas contra Armando Gómez, fue iniciada el 21 de mayo del año pasado, de acuerdo a lo que informó el asesor jurídico Alonso. El caso, según comentó, se encuentra en la Unidad Penal Nº3 de Lambaré, a cargo de la agente fiscal Laura Romero y asistente Abog. Jorge Lugo y este sigue en la etapa investigativa.

11. Supuesta apropiación de faltantes por parte del exintendente Armando Gómez y el interventor Amancio Rivas: Esta causa fue abierta tras la denuncia de la intendencia municipal en conjunto con la asesoría jurídica municipal, que notaron los faltantes de la caja municipal en el periodo de Armando Gómez por unos G. 2.150 millones y del periodo de la intervención, que estuvo a cargo de Amancio Rivas Fretes por unos G. 1.430 millones.

La causa es la Nº 4.765/2020, caratulada como Municipalidad de Lambaré contra el exintendente Armando Gómez y el exinterventor Amancio Rivas Fretes por los hechos punibles contra el patrimonio municipal y contra el ejercicio de la función pública, según declaró Alonso. Se dio mesa de entrada a esta denuncia el 31 de diciembre de 2020 y ahora se encuentra en la Unidad Nº 5 a cargo de la fiscala Casse Giménez, explicó.

Respuesta de Gómez

El equipo de Lambaré Mbarete se puso en contacto con el exintendente Armando Gómez para conocer su versión de los hechos, sin embargo, no tuvo respuesta. Este diario digital está abierto a escuchar y publicar las explicaciones que pudiera dar el exejecutivo municipal lambareño, a quien se le contactó en su teléfono con terminación 857 (aún sin respuesta hasta la publicación de esta nota).

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