Ante las diversas denuncias de atropello policial que se registraron durante la cuarentena estricta, la abogada Emma Velaztiqui se puso a disposición de la ciudadanía para realizar asesoramientos jurídicos gratuitos. Según la jurista, “la violación de la cuarentena” no puede ser catalogada como un hecho punible.
Durante el desarrollo de la cuarentena estrictica, se hicieron públicas diversas denuncias de abusos de la fuerza y detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional. Por ejemplo, la acusación más reciente fue realizada en este mes por Diosnel Villalba; un hombre que fue interceptado y detenido sin motivo aparente por agentes policiales de la comisaría nº 55 de Ñemby, cuando salía de su trabajo para dirigirse a su hogar.
A raíz de estos hechos, una abogada y dirigente social, Emma Velaztiqui, ha decidido ponerse a disposición de la ciudadanía, con el objetivo de asesorar gratuitamente a quienes hayan sido víctimas de algún tipo de atropello durante la cuarentena estricta.
Según la jurista, si bien es una realidad que estamos en época de numerosos fallecimientos a raíz de la propagación del covid-19, el hecho de “violación de la cuarentena” no se encuentra dentro del Código Penal Paraguayo y, por ende, no puede ser catalogado como un hecho punible. Consecuentemente, si la Policía Nacional emprendiera acciones contra algún ciudadano utilizando como excusa esta figura, “nos encontramos ante la violación de la propia Constitución Nacional, que establece el derecho a la libertad y el trabajo”, explica la jurista.
En esta misma línea, la abogada manifiesta que, aunque corresponde que se impongan medidas y protocolos para proteger la vida, esto no implica la suspensión de los derechos humanos. “Tenemos derecho a la libertad y al trabajo; esta situación nos enfrenta a una dicotomía entre la realidad pragmática de que hay ciudadanos que no han tomado conciencia y la realidad jurídica de que para que alguien sea penado por multa o prisión se tienen que seguir ciertos requisitos de la norma. En este caso, tenemos un decreto, que no puede ser utilizado para penar a ningún ciudadano”, refiere Velaztiqui.
La denuncia ante la Fiscalía constituye, de acuerdo a la abogada, la única vía para encontrar una salida ante estos hechos de atropello policial. “Según las circunstancias, son distintas las figuras jurídicas a las que podemos recurrir a través de una denuncia en la fiscalía. Yo como ciudadano que fui atropellado en mi libertad o físicamente tengo la posibilidad y el derecho de acudir también a las autoridades, denunciando estos hechos ante la Fiscalía”, expresa Velaztiqui.